18 de noviembre

Intendencia

El municipio aclara: el conflicto en bulevar Oroño al 700 es entre particulares

El área jurídica explicó la situación en torno a la obra en construcción que es motivo de controversia judicial y que provocó cortes de calle en la zona en cuestión.

La Municipalidad de Rosario, a través de su área jurídica, informó que no tiene responsabilidad en el conflicto generado en bulevar Oroño al 700, que incluye corte de calles, ya que el mismo es un problema entre particulares. La obra fue paralizada en forma preventiva hasta tanto se resolviera el conflicto entre privados, pero mediante una medida cautelar, los constructores pudieron avanzar en la construcción. Esa medida fue apelada, pero como la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, debe reimplantarse la paralización.

Desde el área jurídica del municipio aclararon que la obra de bulevar Oroño 737 cuenta con un permiso de edificación (Nº 21.689) de 2012. Luego, mediante el expediente 5.403, del año 2013, vecinos que residen en la propiedad ubicada en bulevar Oroño 749 denunciaron que el pasillo de salida a bulevar Oroño (nomenclado con el 737) es una servidumbre solo para el lote interno número 3 y no para los otros dos que conforman el conjunto de edificación interna. 

El uso de ese pasillo como entrada y salida para el lote 3 figura en los instrumentos públicos presentados.
Frente a la denuncia, en mayo de 2013, Obras Particulares, con fundamento en el Código Civil, advirtió que hasta tanto los particulares no resuelven la extensión del uso de ese pasillo (servidumbre) a los otros dos lotes, debía paralizarse preventivamente la obra. Ese dictamen fue enviado a Asuntos Jurídicos, que dictaminó en el mismo sentido que la Dirección de Obras Particulares (22 de mayo de 2013).

En junio de 2013 los constructores interpusieron un recurso de amparo y se dictó una cautelar, que permitió continuar la obra. La medida cautelar fue renovada por el Juzgado Civil y Comercial de la 11ª Nominación, a cargo de Delia Giles.

La medida cautelar fue apelada y la Cámara de Apelaciones se declaró incompetente, sosteniendo que el caso es del fuero Contencioso Administrativo.

La Cámara de Apelaciones sostuvo que la decisión de declararse incompetente no puede afectar al constructor, ya que éste puede promover medidas administrativas o nuevas cautelares, dejando claramente expuesto que la cautelar de ese amparo cae por dicha incompetencia.

Frente a esta decisión judicial se reimplantó la paralización de la obra, hasta tanto los particulares resuelvan su situación.