24 de mayo

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Se presentó informe sobre indicadores de riesgo en violencia de género

El objetivo de la investigación es sumar alternativas de prevención de mayor eficacia ante episodios en algunos casos letales como femicidios.

'Indicadores de Riesgo en Violencia de Género' es una investigación realizada por el Centro de Estudios Sociales y Culturales (CESC, Equipo Filial CABA y sede Rosario) con la colaboración y el apoyo de la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Red de Esperanza y Solidaridad - Redes de Puerto Rico.

A través de la comparación de datos extraídos de entrevistas realizadas por la Oficina de Violencia de la Corte Suprema de Justicia (OVD) y la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la ciudad de Rosario en el año 2018, se apunta a mostrar el comportamiento de variables asociadas a indicadores de riesgo que son los que están presentes a la hora de efectuar la evaluación pertinente por parte del personal profesional actuante. El entrecruzamiento de las mismas permite intervenir de acuerdo a la situación, protegiendo a la víctima, actuando en la urgencia y previniendo violencias extremas.

Beatriz Fullone, fundadora del CESC, explicó sobre los objetivos y modalidad del estudio: “Con el fin de seguir deconstruyendo la cultura patriarcal que tanto daño nos hace como sociedad, es que un grupo interdisciplinario de profesionales del CESC iniciamos la tarea de recabar información de casos reales, extrayendo además de sus voces toda información que da cuenta cuantitativa y cualitativamente de los indicadores de riesgo utilizados a la hora de la denuncia o la llamada para asesoramiento en el Teléfono Verde. Nos llevó más de 2 años poder confeccionar una cartilla que contiene el trabajo realizado en la Ciudad de Buenos Aires en la Oficina de Violencia Domésticas perteneciente a la Corte Suprema de Justicia de Nación y entrevistas realizadas por la Dirección de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Secretaría de Género y Derechos Humanos de la Municipalidad de Rosario”.

Por su parte, Mariana Alonso, directora de Atención y Prevención de las Violencias de Género de la Municipalidad, manifestó que “los indicadores que se muestran en el trabajo son más de 24, cuyas variables están todas presentes en las entrevistas que se realizan cuando ingresa la situación de una víctima. Este es el procedimiento que se utiliza para contextualizar la situación de riesgo y evaluar sus riesgos y consecuencias para construir en un ida y vuelta estrategias de protección junto con la víctima que se decide a emprender una ruta crítica para abordar su situación”.

“Las variables nos permiten construir indicadores sumamente necesarios a la hora de analizar el comportamiento de la problemática de las violencias de género y sobre esta base reflexionar y evaluar el seguimiento de la política pública en materia de atención”, amplió Alonso.

Metodológicamente el estudio advierte que la muestra seleccionó a la OVD ya que, si bien plantea el acceso a la Justicia por parte de la víctima, cuenta con distintos servicios que la acompañan. Por otra parte, se selecciona un organismo del Ejecutivo local de la ciudad de Rosario que, si bien es un organismo no judicial, también reviste intervenciones de envergadura y servicios de seguimiento que posibilitan recabar las variables comprometidas y realizar un trabajo comparativo y de análisis.

Entre los indicadores de riesgo en violencia de género que se toman en consideración están los datos de la víctima, la situación de violencia y la situación con el agresor.

Algunos datos que arrojó la investigación

Con respecto a la edad de la víctima las cifras de la OVD evidencian que entre los 18 y 30 años (41%) es la franja que más denuncia. Respecto a Rosario la franja que concentra la mayor cantidad de consultantes es la comprendida entre 31 y 40 años (48%), seguida de la franja de 18 a 30 años (33%). Cuanto menor es la edad de la víctima que decide hacer público su padecimiento y pedir ayuda, abre las posibilidades de actuar en forma preventiva y las situaciones de alto riesgo disminuyen.

De los resultados se infiere que la mayoría de las mujeres que denuncian por violencia de género son madres, esto se desprende de la cantidad de hijo/as al momento de la denuncia: sólo alrededor del 10% declara no tener hijos/as en ambos organismos. En la OVD el mayor porcentaje corresponde a madres con 1 hijo/a (30%), y en el Teléfono Verde a madres con 2 hijos (33%). El denunciar o pedir ayuda siendo madre tiene correlación con que existe la posibilidad de que los/as niños/as sean víctimas directas e indirectas de las violencias. El ser madres actúa como un condicionante: se pospone la decisión personal de cortar con la violencia o por el contrario, el escenario violento familiar precipita la decisión de comenzar una ruta crítica.

El tipo de violencia padecida es un dato a tener en cuenta para el perfil de víctima. La OVD reporta que la mayor cantidad de denuncias son por violencia psicológica (94%) seguida de la física (48%); el municipio de Rosario reporta que es también la incidencia de la violencia psicológica (91%) seguida de la física (84%). En este sentido, desde un análisis retrospectivo, este dato es importante porque anteriormente las mujeres no reconocían los maltratos psicológicos y emocionales como tipos de violencias, aún sabiendo que están presentes y son constitutivos de las relaciones interpersonales que se plantean en esta problemática.

Otro elemento es cómo se encuentra la víctima al momento de la exposición de la situación. La actitud de la afectada demuestra las secuelas y padecimientos subjetivos que la violencia de género instala en las mujeres: miedo, temor, angustia, ansiedad. Los porcentajes de las actitudes enumeradas superan el 30%, y el sentimiento de temor (miedo) ronda el 44% hasta valores del 54%.

Un dato que llama la atención es cuando se pregunta por el agresor. Una proporción importante de las víctimas ha cortado el vínculo con sus parejas, ello surge en los registros de los dos organismos. Al momento de hacer la denuncia el 49% de los agresores en la OVD es expareja o excónyuge. En el organismo de la Municipalidad de Rosario al momento de solicitar asesoramiento más del 40% no convive con el agresor. Se puede observar que la violencia de género no se está produciendo puertas adentro, la relación violenta persiste fuera del ámbito doméstico. La ley no estaría siendo un límite a respetar por el agresor o la propia decisión de las mujeres de cortar con un vínculo violento. Este análisis se sustenta en que, según los registros de la OVD, el 24% sólo cumple la medida judicial de Prohibición de Acercamiento, en el caso de Rosario según los enunciados de las víctimas sólo el 3% la estaría cumpliendo.

Conclusiones

Esta información es un insumo valioso para profundizar políticas públicas; a la par de sumar e insistir en la difusión de los servicios, en la capacitación y acompañamiento a las distintas organizaciones que trabajan en los territorios para detectar o ayudar a personas a los fines que puedan los más pronto posible pedir ayuda. Ello posibilitaría seguir bajando la edad de la víctima al momento de realizar una presentación o denuncia. Se evidencia que la violencia de género es un padecimiento que conlleva secuelas subjetivas y se debe acompañar de forma individual o colectiva para superar y reconstruir la trama personal y colectiva de las secuelas que trae aparejado este flagelo. Se impone además trabajar fuertemente en el horizonte de la autonomía de las víctimas como una herramienta fundamental para prevenir revinculaciones violentas.

Por otra parte, el acceso a la Justicia es importante pero no suficiente para cesar el hostigamiento a las víctimas. Los límites de las medidas judiciales operan en el contexto de una sociedad y una cultura patriarcal dominante. Se hacen entonces cada vez más necesarias las acciones vinculadas a repensar las nuevas masculinidades y la aplicación de la educación sexual integral como configuraciones preventivas y reconstructivas de un tejido social más democrático.