2 de diciembre

Discapacidad

Rosario se integra a un plan nacional de promoción de los derechos de las personas con discapacidad

La adhesión la Municipalidad se concretró mediante una videoconferencia entre decenas de localidades argentinas con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La Municipalidad de Rosario adhirió este martes al convenio con la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), por el que la ciudad se incorpora plenamente al Plan Integral para la Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el ámbito local.

En representación de Rosario, la directora municipal de Discapacidad, Adriana Ciarlantini, expresó la voluntad de adhesión al acuerdo, en el marco de una videoconferencia de la que también participaron más de 50 municipios y comunas de todo el país. La iniciativa prevé la elaboración de un diagnóstico territorial e institucional sobre la temática, y un plan de promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad. A su vez, comprende la asistencia técnica de la Andis para la instrumentación de proyectos que mejoren las condiciones de vida de esa población.

"Muchas de las pautas que establece este convenio en Rosario las tenemos cumplidas, y algunas en ejecución", afirmó Ciarlantini.

Al mismo tiempo, señaló: "En Rosario está vigente desde 2016 la ordenanza número 9524, la cual incorpora los designios de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una de las pautas de este plan, y nosotros ya lo tenemos instrumentado. Lo mismo ocurre con las capacitaciones en perspectiva de discapacidad al personal municipal y a la comunidad, eso también lo tenemos incorporado, y ya se vienen desarrollando desde el año pasado".

De este modo, la funcionaria afirmó que "Rosario es pionera en políticas de inclusión, la primera ordenanza respecto a la protección de personas con discapacidad es de 1984, y luego fue actualizada en 2016 mediante un proyecto que fue trabajado y revisado junto con muchas organizaciones de la ciudad".

Por último, Ciarlantini enfatizó en relación a la reciente adhesión a la propuesta nacional: "Lo más importante es la posibilidad de solicitar financiamiento a la agencia para adecuaciones edilicias de la ciudad, de inclusión comunitaria, que es adecuar espacios para que las personas con discapacidad puedan usar los espacios y servicios públicos en igualdad de condiciones que las demás".

El encuentro virtual, del que participaron representantes de más de 50 localidades argentinas, estuvo presidido por el director de la Andis, Fernando Galarraga.

Promoción y Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad

El convenio se orienta a la institucionalización, jerarquización y ordenamiento de una política pública en discapacidad en el nivel local y en la puesta en marcha de iniciativas, acciones y dispositivos que contribuyan a la construcción de ciudades accesibles e inclusivas, y al pleno goce de todos los derechos humanos de las personas con discapacidad en sus territorios.

El objetivo general se desglosa en diez objetivos específicos vinculados a la generación de respuestas eficientes en materia de accesibilidad, el desarrollo de datos fiables con indicadores que permitan la evaluación sistemática de las políticas implementadas, acciones para erradicar la discriminación y las violencias, metodologías de gobernanza en base a la colaboración activa de las personas con discapacidad, y el fomentar la injerencia de los gobiernos locales en procesos de integración nacional e internacional relativos a la accesibilidad e inclusión de las mismas.

En detalle, el plan de acción se estructura por etapas. La primera comprende acciones de diagnóstico y elaboración de información estratégica, así como la capacitación de autoridades, miembros del Concejo Municipal, juntas evaluadoras, equipos técnicos y otras áreas vinculadas a la temática.

La segunda, radica en la asistencia técnica y financiera para proyectos vinculados a elaboración de manual de accesibilidad urbana, dispositivos territoriales para la tramitación del CUD, inserción laboral, red territorial de promotores y promotoras de derechos.

Finalmente, en una tercera etapa, se focaliza en garantizar el derecho a la ciudad mediante políticas de adecuación de las infraestructuras urbanas y la reducción de la brecha digital, a través de iniciativa que promuevan la inclusión de las personas con discapacidad en entornos tecnológicos.